Plataforma de conocimientos

Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:

(a) Examinar las políticas y prácticas pertinentes para asegurarnos de que no creen, exacerben ni aumenten involuntariamente la vulnerabilidad de los migrantes, incluso aplicando un enfoque basado en los derechos humanos que tenga en cuenta el género y la discapacidad, así como las cuestiones relacionadas con la edad y la infancia;

(b) Establecer políticas integrales y alianzas que proporcionen a los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, independientemente de su estatus migratorio, el apoyo necesario en todas las etapas de la migración, mediante la identificación y la asistencia, así como la protección de sus derechos humanos, en particular cuando se trate de mujeres que corren riesgo, menores, e specialmente los no acompañados o separados de sus familias, miembros de minorías étnicas y religiosas, víctimas de la violencia, incluida la violencia sexual y de género, personas de edad, personas con discapacidad, personas discriminadas por cualquier motivo, pueblos indígenas, trabajadores que sufren explotación y abusos, trabajadores domésticos, víctimas de la trata de personas y migrantes que sufren explotación y abusos en el contexto del tráfico ilícito de migrantes;

(c) Elaborar políticas migratorias con perspectiva de género para responder a las necesidades y vulnerabilidades particulares de las mujeres, las niñas y los niños migrantes, por ejemplo, mediante asistencia, atención sanitaria y servicios de asesoramiento psicológico y de otro tipo, y acceso a la justicia y a vías de recurso eficaces, especialmente en los casos de violencia, abusos y explotación sexuales y por razón de género;

(d) Examinar la legislación laboral y las condiciones de trabajo vigentes para detectar y abordar eficazmente las vulnerabilidades y abusos en el lugar de trabajo que sufren los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación, incluidos los trabajadores domésticos y quienes trabajan en el sector informal de la economía, en cooperación con los interesados pertinentes, en particular el sector privado;

(e) Tener en cuenta a los menores migrantes en los sistemas nacionales de protección infantil estableciendo procedimientos sólidos para la protección de los menores migrantes en los correspondientes procesos y decisiones legislativos, administrativos y judiciales, y en todos los programas y políticas de migración que afecten a menores, incluidas las políticas y servicios de protección consular, así como los marcos de cooperación transfronteriza, a fin de que el interé s superior del niño se integre debidamente y se interprete y aplique de manera coherente en coordinación y cooperación con las autoridades de protección infantil;

(f) Proteger a los menores no acompañados y separados en todas las etapas de la migración mediante el establecimiento de procedimientos especiales para identificarlos, derivarlos, prestarles cuidados y reunificar a las familias, y para darles acceso a los servicios de atención sanitaria, incluida la salud mental, la educación, la asistencia jurídica y el derecho a ser escuchado en los procesos administrativos y judiciales, incluso designando cuanto antes a un tutor legal competente e imparcial, como medio esencial para hacer frente a su particular vulnerabilidad y discriminación, protegerlos de todas las formas de violencia y facilitar el acceso a soluciones sostenibles que tengan en cuenta su interés superior;

(g) Velar por que los migrantes puedan contar con asistencia y representación jurídica, ya sea pública o independiente, pero asequible, en los procedimientos judiciales que les afecten, incluso durante cualquier audiencia judicial o administrativa conexa, para que en todas partes se reconozca que todos los migrantes son personas ante la ley y para que la administración de justicia sea imparci al y no discrimine;

(h) Establecer procedimientos accesibles y expeditivos que faciliten la transición de un estatus a otro e informar a los migrantes de sus derechos y obligaciones, a fin de evitar que se conviertan en migrantes irregulares en el país de destino, reducir la precariedad del estatus y la vulnerabilidad que esto conlleva, y facilitar la evaluación individual del estatus de los migrantes, incluidos los que antes tenían estatus regular, sin temor a la expulsión arbitraria;

(i) Aprovechar las prácticas existentes para facilitar el acceso de los migrantes irregulares a una evaluación individual que permita regularizar su situación, caso por caso y con criterios claros y transparentes, especialmente cuando se trate de niños, jóvenes y familias, como opción para reducir la vulnerabilidad, y para que los Estados puedan mejorar su conocimiento de la población residente;

(j) Aplicar medidas de apoyo específicas para que los migrantes atrapados en situaciones de crisis en los países de tránsito y destino tengan acceso a la protección consular y la asistencia humanitaria, incluso facilitando la cooperación transfronteriza y una mayor cooperación internacional, y teniendo en cuenta a las poblaciones migrantes en las actividades de preparación para situaciones de crisis, respuesta de emergencia y acción posterior a la crisis;

(k) Recabar la participación de las autoridades locales y los interesados pertinentes para identificar a los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, derivarlos y prestarles asistencia, incluso mediante acuerdos con los órganos nacionales de protección, los proveedores de asistencia y servicios jurídicos, y la intervención de equipos de respuesta móviles, cuando existan;

(l) Formular políticas y programas nacionales para mejorar las respuestas de los países a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes que figuran en la publicación del Grupo Mundial sobre Migración titulada Principles and Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable Situations."

(PMM, 2018: párr. 23)

La migración conlleva diversas implicaciones, procesos, retos, riesgos y violaciones en materia de derechos humanos. En todo el mundo, millones de migrantes, incluidos muchos que participan en grandes desplazamientos o desplazamientos mixtos, carecen de protección suficiente o corren el riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos, en particular si se encuentran en una situación precaria o irregular. Con demasiada frecuencia, los migrantes padecen violaciones de los derechos humanos en sus viajes migratorios: por ejemplo, pueden perder la vida, ser víctimas de la trata, carecer de medidas adecuadas de protección y asistencia, ser criminalizados y detenidos arbitrariamente, o encontrar problemas para acceder a la salud, la justicia y la educación, por nombrar algunas. También pueden ser objeto de actos xenófobos y discriminatorios por su nacionalidad, su ascendencia, su condición económica o su etnia. 

Los derechos humanos son los derechos fundamentales de los que goza toda persona, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, ascendencia o etnia, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Van desde el más fundamental —el derecho a la vida— hasta los que hacen que la vida merezca la pena, como el derecho a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Cuando estos derechos no están protegidos, son vulnerados (de manera intencionada por el Estado o como consecuencia de su incapacidad para evitar la violación), lo que produce situaciones de vulnerabilidad y desigualdades, que pueden ser culturales o estructurales, así como individuales o sistémicas. Estos suelen ser factores de expulsión que llevan a las personas a abandonar su país de origen y migrar por necesidad, para sobrevivir o para encontrar mejores oportunidades de vida. También pueden afectar la travesía migratoria de estas personas durante el tránsito o en el país de destino y pueden agravar aún más las desigualdades y vulnerabilidades. Estos factores pueden converger o coexistir simultáneamente, influirse y exacerbarse mutuamente y también evolucionar y variar con el tiempo, a medida que cambian las circunstancias. Nadie es intrínsecamente vulnerable, pero determinadas circunstancias del contexto o de índole personal pueden empujar a una persona a situaciones de vulnerabilidad. 

La necesidad de detectar, reconocer y abordar las vulnerabilidades y desigualdades, así como los factores que las generan, es una parte fundamental de la obligación de derecho internacional de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Los Estados deben adoptar medidas positivas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, prevenir las violaciones de los derechos humanos, investigarlas y sancionarlas cuando ocurren y proporcionar acceso a la justicia y a vías de recursos y reparaciones efectivas para las víctimas. El marco jurídico internacional de derechos humanos que han adoptado los Estados ofrece protección a todas las personas, incluidos todos los migrantes, independientemente de su situación jurídica. Frente a la reducción de las vulnerabilidades y desigualdades en la migración, los Estados tienen una mayor responsabilidad de brindar protección y asistencia adecuadas a los migrantes vulnerables de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. 

El informe del Pacto Mundial para la Migración puede consultarse en AR, ZH, EN, FR, RU, ES.