El Certificado de Residencia Precaria Electrónico, aprobado por la Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones N° 1904/2020, se otorga a la persona extranjera que ha iniciado su trámite de radicación en Argentina y que haya aportado la documentación requerida. De acuerdo con la Ley Nacional de Migraciones de la República Argentina N° 25.871, toda persona extranjera, más allá de su condición migratoria tiene derecho de acceder a asistencia sociales, salud, y educación, pero no pueden trabajar si en situación de irregularidad.

Este nuevo certificado sirve como constancia de inicio del trámite de radicación y regulariza a la persona migrante desde ese momento por 90 días permitiéndole a su titular trabajar y gozar de otros beneficios que otorga la regularidad mientras se resuelve el trámite de radicación. El Certificado de Residencia Precaria se puede obtener de manera no presencial a través de un sistema de autogestión web. Posee la misma validez que el tramitado presencialmente, se recibe por mail y se puede descargar en cualquier dispositivo. En 2021, fueron realizados 441 operativos de abordaje terriorial que permitieron iniciar 4600 radicaciones y asesorar a miles de personas, con un total de 35.460 personas alcanzadas. También se están creando Centros de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas en distintas ciudades del país para ayudar a reducir la brecha digital.

Para personas nacionales de Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados (más del 90% de quienes solicitan residencia en Argentina), el certificado es emitido de forma automática, de modo tal que la persona lo recibe al instante. Para personas nacionales extra MERCOSUR, que requieren otro tipo de documentación para acceder a la residencia, el certificado conlleva otro análisis antes de ser emitido. El certificado digital se entrega al mismo tiempo que un turno presencial para continuar con el trámite de radicación que incluye instancias de validación biométrica de identidad. Por una parte, la aplicación de tecnologías redunda en beneficios para la población migrante, generando mayor transparencia en el acceso al estado de su solicitud de residencia, al tiempo que hace lo propio con la administración, permitiendo una verificación más dinámica de la situación migratoria en el control de permanencia de personas extranjeras. Por otro lado, facilitar la regularidad tiene beneficios para la inclusión social, el acceso al trabajo decente o digno, así como también reduce las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes que podrían estar expuestas a convertirse en víctimas del delito de trata de personas.

Esta política no sólo fue una herramienta fundamental para garantizar regularidad durante las medidas de aislamiento nacionales adoptadas en el contexto de la pandemia por COVID-19, sino que es una herramienta de gobernanza migratoria para “volver mejores” de la pandemia desde un enfoque centrado en las personas. Principales beneficiarios: todas las personas migrantes que soliciten radicarse en Argentina. Recursos clave utilizados: Adaptación de plataforma preexistente de radicación a distancia (RADEX) y desarrollo de plataforma propia.