El Censo Penitenciario del 2016 registró que 6 de cada 10 internos no había terminado la educación secundaria. El Estado peruano tiene el compromiso internacional vinculado a la Regla 4 de los Principios fundamentales de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos respecto de la obligación de brindar educación, formación profesional y trabajo, de acuerdo a las necesidades de tratamiento individual de los reclusos.

Frente a ello el Instituto Nacional Penitenciario, mediante Resolución Presidencial N° 093-2023-INPE/P establece un nuevo proyecto de Política Institucional de 8 líneas de acción priorizadas para la gestión institucional. Entre ellas, la acción priorizada 2 “Garantizar la Educación en los Establecimientos penitenciarios” y sus subcomponentes 2.2 “Educación superior técnico y universitaria (interno universitario)” y 2.3 “Estudiando sin fronteras”, los mismos que guardan relación con el precepto general de asegurar el derecho a la educación de los privados de libertad, conforme al artículo 77° del TUO del Código de Ejecución Penal.