1- Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la OIM Perú inició la entrega de transferencias monetarias a través de flujos operativos remotos (contacto cero con el beneficiario). Ante la imposibilidad de verificación presencial de la identidad de los solicitantes se detectó riesgos de fraude y suplantación que fueron mitigados con la revisión de la documentación en plataformas gubernamentales y una Declaración Jurada (DJ).

La DJ contaba con la firma de los solicitantes y con su compromiso expreso de utilizar la asistencia brindada en la cobertura de sus necesidades de salud, además, acompañaban la firma con su documento de identidad original o la copia nítida del mismo, de manera que podía hacerse una verificación caligráfica de la firma. A medida que las restricciones de bioseguridad se tornaron menos estrictas, el staff de las Sub-Oficinas de la OIM Perú empezó a realizar la verificación presencial de la identidad de los solicitantes.

2- Otro desafío encontrado fue la presentación de solicitudes de CBI Salud de personas indocumentadas o con documentos de identidad que solo tenían validez fuera del país y que no eran aceptados por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). Ante ello, la OIM fomentó la admisión de la cédula venezolana como documento válido con un proveedor de servicios que permitía el cobro de la asistencia brindada a través de giros monetarios en el marco jurídico establecido por la SBS. Además, implementó otros mecanismos de distribución como las transferencias bancarias con alcance a nivel nacional, así como el efectivo móvil y la entrega de tarjetas prepagadas.

3- Se detectó que parte de la población migrante y refugiada desconocía los precios de los servicios médicos prescritos por establecimiento médicos locales, de manera que al momento de solicitar el CBI Salud se veían imposibilitados de brindar este dato a la OIM Perú y ser evaluados para la asistencia.

Esto fue atenuado por la OIM con la creación y socialización de un repositorio de precios de productos y servicios de salud, sustentados en fuentes de información respaldados por el Ministerio de Salud, en los que se podía encontrar el monto estándar de estos costos a nivel nacional. De este modo, al momento de la solicitud de la asistencia, las personas migrantes y refugiadas ya no debían presentar de manera obligatoria la cotización de sus prescripciones médicas, dado que los gestores de casos de la OIM Perú se encargaban de conseguir esta información simplificando el proceso pre-asistencia.

4- La base de datos del Colegio Médico del Perú sirvió para verificar la veracidad de los datos de los especialistas médicos que prescribían las órdenes.

5- La implementación de la Plataforma CBI en el marco del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) de Perú, entre las organizaciones que implementan actividades de CBI sirvió para detectar duplicidades de asistencia a un mismo beneficiario, y mitigar el asistencialismo.