En los últimos años, Colombia se ha convertido en el principal país de tránsito y destino de migrantes en la región, en particular a causa del incremento de migrantes venezolanos y de la migración de ciudadanos provenientes de Haití, Cuba y países extracontinentales, que desde el sur del continente, se dirigen a México, Estados Unidos y Canadá. Igualmente, la magnitud de la diáspora venezolana ha impuesto grandes desafíos, tanto a Colombia como a los demás países de América Latina y el Caribe.

Frente a la actual coyuntura, Colombia ha adoptado una política responsable y solidaria frente a los migrantes venezolanos y de otros países, a través de distintos instrumentos de regularización, facilitando el acceso a servicios básicos, con independencia de su estatus migratorio. El 4 de agosto de 2021 fue sancionada la Ley 2136 ‘por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones’, por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de un grupo de senadores y representantes del Congreso de la República.

Esta ley es la respuesta del Estado colombiano a su nueva realidad migratoria como país de origen, tránsito, destino y retorno, recogiendo y unificando normas que regulan diferentes aspectos de la migración y establece nuevas directrices. La ley está enfocada en la población migrante (colombianos en el exterior, colombianos retornados y extranjeros) en un marco de derechos humanos. En materia de atención a los colombianos en el exterior, uno de los principios de la ley es la asistencia y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos en el exterior y la ampliación de oportunidades en el país, para aquellos que decidan retornar, entre otros, a través del Programa Colombia Nos Une. Frente a los migrantes que se encuentran en Colombia la ley demuestra el compromiso en la promulgación de decisiones que favorezcan la integración socioeconómica y la atención de las necesidades de esta población y de sus comunidades de acogida. En relación con los migrantes que hacen tránsito por Colombia, la ley contempla medidas preventivas y respuestas en situaciones de riesgo como el tráfico de migrantes y la trata de personas. Por último, en relación con el refugio y la apatridia, la ley aborda también las situaciones de extranjeros que requieren protección mediante el reconocimiento, ya sea de la condición de refugiado, o de la nacionalidad en casos de apatridia.