Repositorio de Prácticas

Primary GCM Objectives

Secondary GCM Objectives

Principios Rectores del Pacto Mundial para la Migración*

*All practices are to uphold the ten guiding principles of the GCM. This practice particularly exemplifies these listed principles.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fechas

2018 - Presente

Tipo de práctica

Project/Programme

Geographic Scope

Resumen

El trabajo de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) que involucra el derecho migratorio tuvo un punto de inflexión el en Estado de Roraima tras el caso del intento de deportación de 450 migrantes venezolanos, tras el operativo de la Policía Federal en diciembre de 2016, cuando la defensora pública federal Roberta Pires Alvim (en la Unidad de la DPU en Boa Vista) presentó un habeas corpus y obtuvo medida cautelar que prohibía la deportación. El flujo migratorio exponencial ha superado los límites de las actividades de aquella Unidad. Considerando las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno Federal articuló medidas para la recepción humanitaria de personas migrantes en el territorio nacional. La Operación Acogida se inició en junio de 2018 (https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida). La DPU está prevista en la Constitucional Federal de Brasil de 1988, según el artículo 134 del texto constitucional, la Defensoría Pública es “institución permanente, esencial a la función jurisdiccional del Estado, encargándole, como expresión e instrumento del régimen democrático, fundamentalmente, la orientación jurídica, la promoción de los derechos humanos y la defensa, en todos los grados, judicial y extrajudicial, de los derechos individuales y colectivos, de manera integral y gratuita a los necesitados”. Tiene la tarea de actuar en la protección de los derechos de poblaciones vulnerables, lo que incluyen personas en contexto de movilidad. Hemos actuado extrajudicial y judicialmente a favor de los migrantes de Venezuela desde la intensificación de este flujo migratorio en 2016. En la ciudad fronteriza de Brasil y Venezuela, Pacaraima, la principal puerta de entrada de migrantes venezolanos al país, la DPU comenzó a operar ininterrumpidamente a partir de agosto de 2018, cuando, por medio de la Misión Pacaraima, se sumó a la Operación Acogida, un programa de logística humanitaria del Gobierno Federal de Brasil. (Diagnóstico Regional y Buenas Prácticas, EUROsociAL+ y Asociación Interamericana de Defensores Públicos, páginas 51 y 52 y 112- https://eurosocial.eu/wpcontent/uploads/2020/09/15_ACCESO_A_LA_JUSTICIA… ). Actividades de la Misión Pacaraima: • Implementación de estrategia de búsqueda activa para alcanzar el público que no tiene acceso a la DPU 200km de Pacaraima (Unidad de Boa Vista); • Designación de 2 defensoras-es para periodos de asistencia jurídica y promoción de los derechos humanos en los puestos de atención de la Operación Acogida; • Garantía de la entrada segura, regular y ordenada de personas migrantes y refugiadas en territorio brasileño, llevando a cabo orientación legal; así como prevenir, especialmente en lo que respecta a NNA indocumentados o separados de suspadres, situaciones de trata de personas, mediante la aplicación de la Resolución Normativa Conjunta Conanda/CONARE/CNIG/DPU. Además, promueve asistencia individual y colectiva en los ámbitos social, sanitario y educativo.

Organizaciones

Principales organizaciones implementadoras

Government of Brazil

Organizaciones asociadas/donantes

ACNUR

OIM

UNICEF

UNFPA

Red de la sociedad civil dedicada a la temática de las migraciones

Beneficio e impacto

Atención a la población vulnerable indígena, niños, niñas y adolescentes (NNA) separados, indocumentados o no acompañados,tanto en el control de autorización para ingresar en el país, así como la indicación del tipo de migración adecuada a sus intereses.
• Elaboración de diagnósticos de identificación de las mayores necesidades documentales de los migrantes y datos de atención;
• Fomento al intercambio de informaciones sobre asistencia a los migrantes entre redes gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones internacionales y posibilita el desempeño constante en la recepción de emergencia de migrantes ubicados en Pacaraima;
• Efectuación de derechos fundamentales como los siguientes ejemplos:
- Acompañamiento y solicitudes de información sobre protocolos sanitarios y adopción de procedimientos en relación con endémicas, epidémicas y brotes ocurridos en el Estado de Roraima, con especial atención al aumento del flujo migratorio en los municipios de Pacaraima y Boa Vista;
- Solicitudes a las sucursales bancarias con relación a documentos requeridos para la apertura de cuentas bancarias a solicitantes de asilo y residencia temporaria, especialmente por la no aceptación del protocolo de residencia como documento válido, considerando los cambios normativos internos de la Policía Federal;
- Solicitudes a la Defensoría Pública Estadual (DPE) que atienda los casos de emancipación, custodia, registro tardío de niños brasileños y reconocimiento de la paternidad de migrantes, además de la solicitud de asistencia legal en los procesos penales estatales;
- Remisión de denuncias de explotación al Ministerio de Trabajo y Fiscalía Laboral.
• Promoción de inspecciones oficiales a los abrigos sociales;
• Capacitaciones a los Consejos Tutelares sobre el trabajo de la DPU y como accionarla;
• Realización de conferencias informativas sobre prevención y lucha contra la trata de personas y la violencia doméstica en abrigos sociales.

Lecciones clave

Hacemos frente a un gran número de desafíos. Hemos presenciado la intensificación de flujos migratorios en el Norte de Brasil, el aumento de la vulnerabilidad de colectivos con la pandemia COVID-19, el trabajo de la DPU para evitar deportaciones (por medio de acciones civiles públicas – adjuntas), monitoreo de avances de la Nueva Ley Migratoria (Ley No 13.445 del año de 2017), asistencia jurídica para NNA separados o desacompañados, combate a la trata de personas, dificultades documentales para regularización migratoria, articulación con los demás órganos públicos involucrados en la Operación Acogida y muchos otros desafíos.

Las formas de superar los desafíos han sido todos los esfuerzos a la continuidad del proyecto Misión Pacaraima para asegurar la presencia alternada de dos defensoras(es) públicos federales en la región para monitorear la situación local, garantizar, en el seno de la Operación Acogida, la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia; el fortalecimiento de la articulación positiva con la sociedad civil y organismos internacionales; el fortalecimiento de las políticas públicas; la edición de la Resolución Conjunta No 1 de la DPU, Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), Consejo Nacional de Inmigración (CNIg) y Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (CONANDA) que establece procedimientos preliminares de identificación, atención y protección a los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, y prevé otras medidas.

Resaltamos también la importancia de la consolidación de los datos producidos a lo largo del programa:
- Entre agosto y diciembre de 2018, cerca de 1.027 niños, niñas y adolescentes recibieron asistencia legal en particular dificultad migratoria, el 52,3% eran indocumentados, el 39,4% estaban separados y el 8,3% no acompañados;
- Entre agosto de 2018 y finales de marzo de 2019, se brindó asistencia legal a aproximadamente 1.710 niños, niñas y adolescentes en dificultad migratoria particular. En este grupo, el 51,2% eran indocumentados, el 39,2% estaban separados y el 9,5% no acompañados;
- (Entre mayo de 2019 y marzo de 2020, la Misión Pacaraima de la DPU brindó asistencia legal a aproximadamente 5,880 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría con certificado de nacimiento (40.1%), hombres (50.4%), no indígenas (96.3%), entre 13 y 17 años (42.7%) y separados (67.35%). El 27,5% de todos los niños atendidos estaban acompañados por su madre y, en el 60,6% de visitas, la indicación de regularización migratoria fue la modalidad de refugio);
- Entre agosto y diciembre de 2018, se identificó que 52,7% de los niños, niñas y adolescentes eran del género masculino y 47,3% femeninio. Entre agosto de 2018 y finales de marzo de 2019, se encontró 50,5% de niños y adolescentes varones y 49,5% mujeres.
- Entre julio de a diciembre de 2021, se brindó asistencia legal a 1.53 niños, niñas y adolescentes en dificultad migratoria particular.

Recomendaciones(para replicar)

Reiteramos la importancia del fortalecimiento de la Defensoría Pública en la región interamericana para garantizar la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia de poblaciones migrantes vulnerables. Por esta razón, es importante asegurar los recursos necesarios para implementación de acciones efectivas;
• Es fundamental fortalecer políticas públicas nacionales que garanticen los derechos de esta población (como ejemplo de la Nueva Ley de Migraciones del Brasil);
• Es esencial que el Gobierno brasileño fortalezca el proceso de interiorización de forma segura y planificada. Esto proceso debe ocurrir con la garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados, notoriamente el trabajo decente, la vivienda segura, la salud, la educación e la alimentación;
• Es fundamental desarrollar y fomentar la cooperación internacional entre el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para un trabajo conjunto en red y considerando mejores prácticas internacionales y la importancia de la calificación específica de los profesionales involucrados (Manual de Escucha Calificada de NNA migrantes – adjunto);
Es importante el fortalecimiento del trabajo en red para la protección de niños, niñas y adolescentes indocumentados-as, separados-as y no acompañados-as migrantes.

Innovación

La Misión Pacaraima para la protección y promoción de los derechos humanos y la asistencia jurídica es un programa innovador por crear una nova idea sobre como la Defensoría Pública puede llevar, garantizar y fortalecer el acceso a la justicia a la población en contexto de movilidad en una ciudad que no hay unidad de trabajo en la frontera, actuando principalmente fuera de los tribunales. Por medio de este programa, se logró diagnosticar brechas documentales, asegurar a través de la búsqueda activa la regularización para permitir la residencia en Brasil, así como la protección internacional, educación en derechos y articulación positiva con los principales actores involucrados. Asimismo, cumple destacar que todo el trabajo ha seguido las directrices de normativas y jurisprudencias internacionales. Por fin, añadimos que la DPU ha sido galardonada con el Premio Sentencias 2021 por su actuación en acción civil pública que evitó la deportación de venezolanos, conforme las normativas y jurisprudencias internacionales (https://www.corteidh.or.cr/noticias.cfm?lang=es&n=63).