En todos los rincones del mundo, los trabajadores migrantes contribuyen de manera significativa a sus sociedades de origen y de destino, ya sea en los sistemas de salud y la economía del cuidado, o bien en la agricultura, la construcción y otros sectores fundamentales para el desarrollo sostenible. Durante esta pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), los trabajadores migrantes siguen prestando servicios esenciales a las comunidades, poniendo sus vidas en riesgo para ayudar a salvar las de los demás. Los médicos nacidos y formados en el extranjero representan más de una cuarta parte del total de médicos a escala mundial.

Ello no obstante, la pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias de los actuales sistemas de gobernanza de la migración, los cuales no garantizan los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias, dejándolos desprotegidos y arraigando la discriminación, el estigma y la xenofobia.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración insta a los Estados a que colaboren con las empresas, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los trabajadores migrantes y todas las partes interesadas con miras a:

• Respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación y sin discriminación alguna. Estos derechos comprenden la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; el derecho a no estar sujeto a trabajo forzoso ni trabajo infantil; el derecho a no ser objeto de discriminación ni xenofobia; el derecho a igual remuneración por un trabajo de igual valor; el derecho a unas condiciones de trabajo dignas, incluidos el acceso a mecanismos de protección de los salarios y los ingresos, así como a condiciones de vivienda adecuadas; el derecho a la protección social; y el acceso a mecanismos de justicia.
• Mejorar la cobertura, la accesibilidad y la calidad de los servicios de atención primaria de la salud y de empleo, así como del sistema de protección social, para prevenir las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, y garantizar resultados positivos en materia de salud entre los trabajadores migrantes y sus familias, independientemente de su situación jurídica. La prestación de servicios de salud debe tener en cuenta los aspectos epidemiológicos y cualquier impedimento al acceso, incluidas las barreras culturales, lingüísticas, jurídicas, administrativas y financieras.
• Garantizar que los planes nacionales de vacunación incluyan a los trabajadores migrantes, independientemente de su nacionalidad y situación jurídica, incluidos los planes de atención y vacunación relativos a la COVID-19, así como el acceso de dichos trabajadores a los servicios de vacunación en un entorno seguro, sin temor ni riesgo a ser objeto de controles de inmigración o deportación.
• Ratificar las normas internacionales de derechos humanos y del trabajo, y aplicar los principios y derechos fundamentales en el lugar de trabajo, en particular mediante la adopción de marcos nacionales de migración laboral, sistemas de protección social y mecanismos de gobernanza basados en los derechos y con una perspectiva de género.
• Promover la coherencia entre las políticas de migración y de empleo, en particular fomentando un mayor desarrollo y reconocimiento de las competencias de los trabajadores migrantes para satisfacer las necesidades reales del mercado laboral.
• Garantizar la contratación justa y ética de los trabajadores migrantes mediante la aplicación de los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y la adopción de medidas relacionadas con el Sistema Internacional de Integridad en la Contratación, en particular prohibiendo a las agencias de contratación, los empleadores y los intermediarios laborales el cobro o la imposición del pago de comisiones de contratación o gastos conexos a los trabajadores migrantes, e invirtiendo en la recopilación de datos, por ejemplo, sobre las comisiones pagadas por los trabajadores.
• Desarrollar políticas y programas de empleo que incluyan consideraciones sobre las necesidades específicas de los trabajadores migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres, los jóvenes, los trabajadores domésticos y los trabajadores migrantes con salarios bajos. Asimismo, adoptar medidas específicas para prevenir, denunciar, abordar y proporcionar vías de recurso eficaces para todas las formas de explotación y abusos.
• Garantizar oportunidades de trabajo decente y perspectivas de empleo para los migrantes en la economía formal en los países de destino y en los países de origen tras el retorno, así como su reincorporación efectiva en los mercados laborales en el contexto de recuperación posterior a la pandemia de la COVID-19.
• Facilitar el acceso a la información y la participación de todas las partes interesadas en la elaboración de la respuesta frente a la COVID-19, luchando al mismo tiempo para erradicar la discriminación, la xenofobia y el estigma de que son objeto los trabajadores migrantes.
• Suscribir o actualizar acuerdos bilaterales y regionales de migración laboral, velando por que se centren en la dignidad humana, se basen en los derechos y adopten una perspectiva de género. Los acuerdos bilaterales y multilaterales de seguridad social deben garantizar el acceso y la portabilidad tanto de los derechos como de las prestaciones de protección social para los trabajadores migrantes y sus familias, de conformidad con las normas internacionales del trabajo.

Los trabajadores migrantes suelen tener condiciones de vida y de trabajo inadecuadas, lo que acrecienta la probabilidad de que contraigan la COVID-19, exponiéndolos a un riesgo más elevado que el de los nacionales. Ello obliga a muchos trabajadores migrantes a elegir entre su salud y la posibilidad de alimentar a sus familias. Mientras tanto, los confinamientos y los toques de queda han acarreado graves consecuencias, sobre todo para los trabajadores migrantes en el sector doméstico, que son principalmente mujeres. Estas consecuencias comprenden exigencias laborales y responsabilidades de cuidado adicionales, una mayor exposición a la COVID-19 y un mayor riesgo de ser objeto de trata de personas, violencia de género y acoso.

Nuestra atención y apoyo, así como nuestros esfuerzos de protección inmediata, deben centrarse en las personas que están en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Las medidas de respuesta y recuperación frente a la COVID-19 deben incluir a los trabajadores migrantes, tanto en reconocimiento de sus derechos como para proteger la salud pública mundial. Ello comprende la igualdad de acceso a las pruebas, el tratamiento y los servicios de salud esenciales, incluido el acceso a los planes nacionales de vacunación gratuita contra la
COVID-19, independientemente de su régimen jurídico de inmigración.

La pandemia también ha puesto de relieve la desprotección laboral que sufren muchos trabajadores migrantes, entre estos millones de migrantes que trabajan en empleos temporales y en la economía informal. Los trabajadores migrantes fueron de los primeros en ser despedidos, a menudo sin poder reclamar los salarios que se les adeudaban, viéndose abocados a una situación irregular. Además, fueron excluidos de las medidas de protección social y de estímulo económico, del acceso a los servicios de salud y de la protección financiera en caso de enfermedad. El trágico resultado es que muchos trabajadores migrantes se enfrentan a la indigencia y a la inseguridad alimentaria y permanecen varados sin trabajo, albergue o medios para viajar de regreso a casa, o han sido objeto de un retorno forzoso.

Incluso antes de la pandemia, la fragmentación de las políticas migratorias y las violaciones de los derechos humanos y laborales formaban parte del día a día de muchos trabajadores migrantes y sus familias. La discriminación salarial y la falta de reconocimiento de las competencias persisten para demasiadas personas, impidiendo su prosperidad y agravando las desigualdades. Los datos demuestran que las trabajadoras migrantes siguen ganando menos que los hombres, ya sean migrantes o trabajadores nacionales, y la diferencia salarial entre hombres y mujeres supera el 20% en algunos países.

Cabe encomiar a todos los países que el pasado año tomaron medidas positivas para proteger a los trabajadores migrantes mediante las prórrogas de visados, la regularización y los planes de movilidad laboral. Estas medidas han evitado que algunos trabajadores migrantes caigan en una situación irregular y han contribuido a proteger sus derechos y su dignidad. Varios países reconocieron su deber de proteger, respetar y satisfacer el derecho de los trabajadores migrantes a la salud y otros servicios esenciales, independientemente de su situación.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración alienta estas medidas positivas e inclusivas, e insta a los Estados a basarse en ellas para establecer una gobernanza y sistemas de migración laboral justos, eficaces, seguros y regulares, en consonancia con el derecho internacional, los derechos humanos y las normas laborales, incluidos los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estas medidas pueden ser un paso hacia el cumplimiento de los compromisos que los Estados contrajeron en virtud del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular para promover condiciones de trabajo decentes y proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. El cumplimiento de estos compromisos empoderará a los trabajadores migrantes y a los interlocutores sociales, especialmente a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, permitiéndoles contribuir al diálogo sobre migración, la elaboración de políticas, la aplicación de dichos compromisos, así como su seguimiento y evaluación.

Estamos en un punto de inflexión. Mientras el mundo aspira a reconstituirse tras la crisis mundial de la COVID-19, cabe redoblar esfuerzos para garantizar el trabajo decente para los trabajadores migrantes, en una era posterior a la pandemia que deberá estar marcada por una mayor sostenibilidad, igualdad y resiliencia.

En este Día Internacional del Trabajador, únase a nosotros para encomiar también a los 164 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo, comprometiéndonos para lograr un cambio real.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración se estableció con el propósito de asegurar un apoyo eficaz, oportuno y coordinado de todo el sistema a los Estados Miembros en la aplicación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Si bien el mandato de la Red se centra en la migración, esta pide a los Estados que también apliquen estas recomendaciones a los refugiados y los solicitantes de asilo y que protejan los derechos humanos y la salud de todos por igual, independientemente de su situación migratoria.