4 - Identidad jurídica y documentación

Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:

(a) Mejorar los sistemas de registro civil, en particular para incluir a las personas no inscritas y a nuestros nacionales residentes en otros países, entre otras cosas, proporcionando los documentos de identidad y registro civil pertinentes, fortaleciendo las capacidades correspondientes e invirtiendo en soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;

(b) Armonizar los documentos de viaje con arreglo a lo especificado por la Organización de Aviación Civil Internacional para facilitar la interoperabilidad y el reconocimiento universal de los documentos de viaje, así como para combatir la usurpación de la identidad y la falsificación de documentos, incluso invirtiendo en su digitalización, y reforzando los mecanismos para el intercambio de datos biométricos, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;

(c) Asegurar que nuestros nacionales residentes en otros países dispongan de documentación consular adecuada, oportuna, fiable y accesible, incluidos documentos de identidad y de viaje, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones y mediante actividades de extensión comunitaria, particularmente en las zonas remotas;

(d) Facilitar el acceso a la documentación personal, como pasaportes y visados, y velar por que las normas y los criterios para obtener esos documentos no sean discriminatorios realizando un examen que tenga en cuenta el género y la edad para impedir que aumente el riesgo de vulnerabilidad durante todo el ciclo migratorio;

(e) Fortalecer las medidas para reducir la apatridia, entre otras cosas, registrando los nacimientos de los migrantes, garantizando que tanto las mujeres como los hombres puedan transmitir la nacionalidad a sus hijos y otorgando la nacionalidad a los niños nacidos en el territorio de otro Estado, especialmente en los casos en que, de no hacerlo, el niño sería apátrida, respetando plenamente el derecho humano a la nacionalidad y con arreglo a la legislación interna;

(f) Examinar y revisar los requisitos necesarios para demostrar la nacionalidad en los centros de prestación de servicios a fin de evitar que se impida a los migrantes que no tengan pruebas de su nacionalidad o identidad jurídica acceder a los servicios básicos ni se nieguen sus derechos humanos;

(g) Aprovechar las prácticas locales que facilitan la participación en la vida comunitaria, como la interacción con las autoridades y el acceso a los serviciospertinentes, expidiendo a todas las personas que vivan en un municipio, incluidos los migrantes, tarjetas de registro con datos personales básicos, aunque esas tarjetas no den derecho a obtener la ciudadanía ni la residencia. (PMM, 2018: 11-12)

En muchos casos, el derecho a la identidad jurídica apuntala otros objetivos del Pacto Mundial para la Migración, como el acceso a los servicios básicos, el reconocimiento de las competencias y calificaciones, y la posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible. Tanto los Estados emisores como los receptores tienen la obligación de que las personas puedan tener una documentación adecuada para desplazarse con seguridad e incluirse en la sociedad. A pesar de la adopción en 1961 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, siguen existiendo poblaciones apátridas en todo el mundo. Por lo tanto, debe prestarse especial atención al acceso a los sistemas de registro civil, y en particular a los certificados de nacimiento cuando la no inscripción de los menores puede dar lugar a situaciones de apatridia.

El informe del Pacto Mundial para la Migración puede consultarse en AR, ZH, EN, FR, RU, ES.